Buenos Aires, 25 de mayo de 2012
Dr. Hernán Lorenzino
Ministro de Economía
Gobierno de Argentina
S / D
De nuestra consideración,
Agradecemos el hecho de que
su colaborador, el Secretario de Finanzas Adrián Cosentino, nos haya respondido
la carta que le dirigimos a Ud., solicitando informaciones precisas y puntuales
acerca de los reclamos de deuda que el gobierno argentino busca pagar a los
países integrantes del Club de París, mediante diversas negociaciones desde
hace por lo menos septiembre 2008, cuando la Presidenta firmó el
decreto 1394/08 aún vigente, autorizando su cancelación.
No obstante, la respuesta
recibida no satisface nuestro derecho a la información, un derecho, reiteramos,
de toda la ciudadanía, que hace al correcto funcionamiento de la democracia y
más aún cuando se trata de exigencias de pago contra los recursos públicos –
nuestro esfuerzo y patrimonio – y con consecuencias directas para nuestro
presente y futuro. Tampoco encontramos
adecuadas o conforme a la justicia, las explicaciones ofrecidas.
Es por eso que en este nuevo
25 de mayo, fecha que nos empuja siempre a actualizar el levantamiento contra
toda forma de dominación, insistimos con nuestro derecho a saber ¿cuáles son
los orígenes de las deudas que el gobierno argentino pretende pagar a los
países del Club de París, quiénes se beneficiaron con su contratación y cuánto
se ha pagado ya en concepto de servicios?
Hoy como ayer, queremos saber de qué se trata. Porque no queremos que el
pueblo argentino siga pagando una deuda que no contrajo, por la que
no fue consultado, que no lo benefició y que además, como un argumento para su
pago se esgrime la expresa intención de volver a endeudarse.
En concreto, volvamos sobre
algunas de las preguntas que siguen sin respuesta adecuada desde nuestra
solicitud anterior. El Sr. Cosentino nos
escribió que según los registros de deuda del Ministerio de Economía argentino,
al 30 de septiembre de 2011 “el stock de deuda elegible para su restructuración
en el marco del Club París asciende al equivalente de USD 6.471.326.200”, sin
incluir “los intereses por mora y punitorios que contemplan los
contratos”. No obstante, hace ya un año,
en mayo 2011, voceros calificados del Ministerio de Economía indicaron a los
medios de comunicación que habían llegado a un acuerdo para pagar USD
8.470.000.000, y el mismo Ministerio de Economía ahora a su cargo, reconoció
ante la Securities and Exchange Commission del gobierno de
EE.UU., también en septiembre 2011, una cifra similar como deuda pendiente de
pagar a los países que integran el Club de París. Insistimos entonces en querer
saber ¿cuál es el monto total de los reclamos de deuda que el gobierno
argentino reconoce ante el Club de Paris?
¿Sería que la diferencia en
las cifras se explica por el hecho de que el gobierno está dispuesto a pagar,
con los recursos que el pueblo argentino produce y necesita, un plus de 2 mil
millones de dólares solo en concepto de intereses punitorios y multas por mora?
Serían 9 mil millones de pesos – un
monto equivalente al presupuesto nacional para agua potable, alcantarillado, ecología y medio ambiente, o bien,
para vivienda, urbanismo y trabajo,
durante todo el año 2012. Si es así, mientras otros países negocian reducciones
de deuda con el Club de París, quisiéramos además saber ¿por qué el gobierno
argentino parece dispuesto a pagar multas usurarias – un 30% más de lo que se
reconoce como deudas, capital e intereses incluidos?
En su respuesta, el Sr.
Cosentino señala que no puede responder a ninguna de nuestras preguntas acerca
del particular de la deuda reclamada por el Club de París – o registrada como
tal en la base de datos del Ministerio de Economía – al encontrarse actualmente
en un proceso informal de conciliación de montos adeudados. Encontramos sorprendentes
estas afirmaciones, ya que por un lado, según “altas fuentes” del Ministerio a
nuestro entender nunca desmentidas, en mayo de 2011 trascendió
periodísticamente que se habría concluido el proceso informal de conciliación
de montos y que sólo restaba acordar los plazos de pago y eventualmente, los
intereses y multas por mora a reconocer. De acuerdo a las mismas fuentes,
incluso habían acordado no reconocer algunos reclamos del Club de París, por
ser estos “ilegítimos”. ¿Se ha concluido, o no, el proceso informal de
conciliación de montos? ¿Son distintos a los montos cuyo pago autorizó la Presidenta en
septiembre 2008? Le pedimos además que
precise ¿cuáles son los reclamos de deuda cuyo pago se hayan desestimado – sus
orígenes, montos, beneficiarios -, y cuáles son los criterios o motivos que
llevaron a su desestimación por común acuerdo con los países integrantes del
Club de París?
Por otra parte, sea que se
haya finalizado o no el proceso informal de conciliación de montos, no
encontramos motivo alguno por lo cual Ud. no pueda informar acerca de los
detalles de los reclamos de deuda que son reconocidos por el gobierno argentino
como elegible para su restructuración en el marco del Club de París, y cuyo
pago fue autorizado mediante el Decreto 1394/08.
Según consta en el Informe
presentado en octubre 2008 a
la Cámara de
Diputados, por el entonces Jefe de Gabinete Sergio Massa, sobre la base de las
informaciones provistas por el Ministerio de Economía, existía ya un Anexo en
el cual se precisaba, crédito por crédito, su fecha y origen. ¿Por cuál motivo no se nos puede acercar
aunque sea esa información preliminar? ¿Desde entonces, han habido cambios
significativos en esa información?
Entenderíamos que no. Más bien, lo que sí entendemos es que durante 10
años, entre 1992 y diciembre de 2001, el pueblo argentino pagó más de 9 mil
millones de dólares a los países del Club de París – siempre según las
informaciones del Ministerio de Economía -, sobre una deuda que se negoció 5
veces entre 1984 y 1992 y que en un principio, cuando finalizó la dictadura
cívico-militar, se había establecido en 5 mil millones de dólares. Y ahora, se pretende comprometernos en pagar
otros 9 mil millones de dólares más, sin que podamos saber a quiénes ni para
qué. No es justo ni conforme a nuestros derechos democráticos.
No aceptamos que se continúe
imponiendo al pueblo argentino el pago de deudas cuyo origen, fines,
beneficiarios y récord de pago no sean conocidos y cuya legitimidad no haya
sido establecida de manera pública y fehaciente.
Reiteramos entonces nuestra
exigencia a que nos informe a nosotros, y al público en general, sobre los
créditos específicos que dieron origen a los reclamos de deuda que el gobierno
argentino reconoce ahora como elegibles para su restructuración en el marco del
Club de París, incluyendo en concreto:
-
el monto original de cada crédito;
-
el fin para lo cual fue contratado;
-
la empresa privada o agencia de gobierno que lo contrató;
-
la entidad comercial u oficial que originalmente prestó los recursos;
-
el destino efectivamente dado a los recursos contratados;
-
los beneficios que su contratación puedan haber tenido para el pueblo
argentino y los impactos negativos que puedan haber tenido;
-
los procesos de restructuración que puedan haber experimentado cada
reclamo de deuda;
-
los montos ya abonados por el estado argentino en concepto de
amortización de capital, intereses, intereses por mora, punitorios o cualquier
otra forma de servicio;
-
en el caso de créditos que fueron originalmente contratados por entidades
privadas, los esfuerzos realizados por el estado argentino para recuperar de
esas empresas los montos en cuestión;
-
y similarmente, las medidas que ha tomado para sancionar a las empresas
y funcionarios involucrados y asegurar que no sigan abusando del crédito de la Nación: patrimonio de todo
el pueblo argentino.
Tiene particular relevancia,
nuestro interés y derecho a saber cuál es la deuda que el gobierno quiere pagar
al Club de París, ya que la
Presidenta, igual que diversos órganos y funcionarios del gobierno
incluyendo la respuesta que recibimos de parte del Secretario de Finanzas, han
reconocido en reiteradas ocasiones que casi
la mitad de los reclamos de deuda que el gobierno argentino busca pagar a los
países integrantes del Club de París, tiene su origen en contratos realizados
con anterioridad al 10 de diciembre de 1983 – o sea, durante la dictadura cívico-militar.
No podemos aceptar bajo ningún punto de vista, el argumento esgrimido
en su respuesta en el sentido de que aquellas deudas “fueron legitimadas por
los gobiernos democráticos que acordaron su restructuración con el gobierno del
país reclamante.” La ilegitimidad de origen de
esos créditos, contraídos en circunstancias en las cuales ni el pueblo ni sus
representantes pudieron ejercer su derecho a saber y a controlar, no puede ser
subsanada por un acto administrativo posterior. Según la ley y la doctrina
tanto nacional como regional e internacional, un acto ilícito no puede derivar
en otro lícito. Menos aún podamos aceptar como legítimo, seguir pagando los
crímenes cometidos en contra de nosotros mismos.
Asimismo, desde por lo menos
1982 cuando el ciudadano Alejandro Olmos empujó la apertura de una primera
causa contra la deuda, la licitud del proceso de endeudamiento de la Nación que abarca, entre
otros elementos, los reclamos de deuda que el gobierno argentino parece
decidido pagar al Club de Paris, ha sido objeto de un cuestionamiento
permanente tanto social y político como jurídico. La resolución judicial de aquella “Causa
Olmos”, producida en julio 2000, establece sin lugar a dudas la “fraudulencia”
de las operaciones que dieron lugar a los reclamos de deuda que fueron la base
de las cinco rondas de negociación con el Club de París, entre 1985 y 1992, a que el Sr.
Cosentino alude en su respuesta.
Determinó asimismo que “pusieron el país de rodillas” ante los
organismos financieros y prestamistas internacionales, razón por la cual tal
vez se explica porque ese fallo demoró 18 años y que el Juez interviniente no
procediera como corresponde a declarar la nulidad de esas operaciones y en
consecuencia, de las deudas resultantes.
Señor Ministro, entendemos
que la tarea de gobernar muchas veces conlleva decisiones difíciles en el
terreno de lo real y lo posible. La
historia reciente confirma que es solo poniendo fin a la impunidad, priorizando
los derechos humanos en toda su integridad – incluyendo el derecho a la salud,
al agua, a la educación, un medio ambiente sano, trabajo y salarios dignos, la
seguridad social, la tierra y los territorios, el derecho también de la
ciudadanía a saber de qué se trata y de participar activamente en las
decisiones que le afecta – y apoyándose en la organización y movilización libre
del pueblo, que cualquier gobierno pueda tener la fuerza necesaria para enfrentar
escenarios adversos.
Como le planteamos antes,
sería preocupante que Argentina esperara nuevamente el beneplácito del FMI para
decidir los pasos a seguir. Pero es
igualmente inaceptable que legisle y determine su política en función de las
exigencias del Club de París, EE.UU.,
el G20, el GAFI, o los intereses de
prestamistas, especuladores e inversores que durante años se han mostrado
sistemáticamente ajenos al bienestar y los derechos del pueblo argentino. El gobierno tiene en sus manos la posibilidad
de poner fin a la extorsión y la dominación que siguen ejerciendo sobre el
país, los grandes capitales y los gobiernos e instituciones financieras que, al
igual que aquél 25 de mayo, o los primeros días de la dictadura cívico-militar,
quieren mantener y seguir profundizando sus privilegios colonialistas.
Es en ese sentido que
solicitamos expresamente que el gobierno suspenda cualquier contacto,
negociación o pago al Club de París y que realice una auditoría integral,
pública y participativa de los reclamos de deuda que los países integrantes de
ese club pretenden cobrar al pueblo argentino, para poder asumir con fundamento
el derecho y el deber de no pagar lo que no debemos.
A la espera de su pronta
respuesta, saludamos a Ud. muy atentamente.
Adolfo Pérez
Esquivel Nora Cortiñas y Mirta
Baravalle Beverly Keene
Premio Nobel de la Paz Madres de Plaza de Mayo –
L. F. Diálogo 2000/Jubileo Sur
Rev. Ángel Furlan, Juan Pedro Schaad Gladys Jarazo, Pablo Herrero Juan Yadhjián
Fed. Luterana
Mundial – Prog. Deuda Ileg.
Diálogo 2000 Movto. Soc.
Misionero
Dr. Salvador María Lozada Dr.
Miguel Angel Espeche Gil
Juez (ret.) de la Nación Coord.,
Cátedra Deuda Pública Externa, Fac. Derecho/UBA
María Elena Saludas
Susana Moreira,
Luis Romero, Ana Alma
Attac-Argentina Coordinación
Nacional, Servicio Paz y Justicia
cc. Secr. Finanzas Adrián Cosentino
